Amigos, el 15 de agosto en la ciudad de Montevideo Uruguay, los países de la OEA (Organización de Estados Americanos) aprobó por consenso el llamado "Consenso de Montevideo", este documento es la imposición de la Ideología de Genero, la que nuestros Papas han calificado como la "Cultura de la Muerte". Para que este documento tenga validez tiene que ser aprobado por las Asambleas de los países, de manera que el año que viene 2014 cuando se cumplan los 20 años de la Conferencia de Población Mundial de Naciones Unidas se haga una evaluación de lo que han podido lograr a la fecha…
(En archivo les envío el Consenso de la OEA y otro con nuestras reservas)
Tenemos que saber por quienes vamos a votar en las próximas elecciones, no solo para Presidente, también para Diputados, Alcaldes y Representantes… y asegurarnos de que nuestros candidatos de verdad están dispuestos a defender la vida, la niñez, adolescencia y la familia, sobre todo!
Les mando en dirección electrónica algunas noticias para que observemos los "signos de los tiempos"
La contrainteligencia de Obama adoctrina a los militares contra cristianos, providas y Tea Party (catolicos)
...
CONSENSO
DE URUGUAY SOBRE POBLACION Y DESARROLLO
MEDIDAS
PRIORITARIAS
Deciden adoptar las siguientes medidas prioritarias identificadas en la Propuesta
de agenda regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe
después de 20142, para reforzar la implementación del Programa de Acción
de El Cairo y su seguimiento,
A. INTEGRACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN Y SU
DINÁMICA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON IGUALDAD
Y RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Reconociendo que en la región se han realizado avances en la integración de los temas de
población en las políticas y programas públicos sobre la base de un enfoque de
derechos humanos, pero que al mismo tiempo hay muchos desafíos pendientes en
cuanto a su formulación e implementación,
Acuerdan:
1.Profundizar las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la
pobreza y romper los círculos de exclusión y desigualdad como condición para
lograr el desarrollo de la región;
2.Aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e
intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo, e
incrementar los esfuerzos tendientes a su reconocimiento, promoción y
protección, con el fin de eliminar las desigualdades y fomentar la inclusión
social;
3.Establecer y fortalecer la institucionalidad pública encargada de los temas
de población y desarrollo, a escala nacional y subnacional, y asegurar su
integralidad y sostenibilidad, con la participación activa de otros actores no
gubernamentales;
4.Asegurar la plena integración de la población y su dinámica en la
planificación del desarrollo sostenible, las políticas sectoriales y las
políticas y programas públicos en general ―en particular en los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial― a escala nacional y subnacional,
haciendo uso del conocimiento y la información sociodemográfica y aprovechando
los avances tecnológicos;
5.Buscar el desarrollo sostenible como medio de asegurar el bienestar humano
equitativamente compartido por todos los pueblos hoy y en el futuro,
garantizando que las interrelaciones entre la población, los recursos, el medio
ambiente y el desarrollo sean plenamente reconocidas, convenientemente
administradas y establecidas en un equilibrio armonioso y dinámico con la salud
de la biodiversidad y los ecosistemas;
6.Garantizar un patrón de producción y consumo sostenibles y evitar el
agravamiento de los cambios climáticos indeseados provocados por las
actividades antrópicas.
2
LC/L.3641 (CRPD.1/4).
8
B. DERECHOS, NECESIDADES,
RESPONSABILIDADES Y DEMANDAS DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES
Reconociendo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y actores
del desarrollo,
Destacando que la niñez, la adolescencia y la juventud son etapas clave en la vida y
el desarrollo de las personas y que el despliegue público con perspectiva de
derechos humanos para atender estas etapas ha sido limitado y que la actual
situación demográfica en la región abre oportunidades para reforzar la
inversión social asignada a ellas,
Destacando también que la primera infancia, incluidos el período y la atención perinatales
para madres y lactantes, es crucial, ya que la pobreza y las condiciones de
vulnerabilidad padecidas en ese período de la vida pueden provocar enfermedades
crónicas en la adultez,
Considerando que en la región actualmente habitan cerca de 160 millones de personas de
15 a 29 años de edad ¾es decir, una de cada cuatro personas es joven¾ y que el bono
demográfico constituye una oportunidad única para la inversión social en
adolescencia y juventud, basada en la solidaridad intergeneracional, inversión
imprescindible para el desarrollo sostenible en sus tres pilares: social,
económico y ambiental,
Reiterando el objetivo de atender las necesidades especiales de adolescentes y
jóvenes, y preocupados por los altos y desiguales niveles de embarazo en la
adolescencia que se registran en la región, que suelen estar asociados, en
particular entre las menores de 15 años, a uniones forzadas, y abuso y
violencia sexuales,
Señalando preocupación por los altos niveles de violencia que experimentan niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de la región, en particular aquella provocada por
grupos organizados que cometen acciones delictivas,
Acuerdan:
7.Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de
discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de
violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad
de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;
8.Garantizar
asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes
y jóvenes en el debate público, en la toma de decisiones y en todas las etapas
de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen
directamente, sin ningún tipo de discriminación fortaleciendo los mecanismos
institucionales de juventud;
9.Invertir en la
juventud, a través de políticas públicas específicas y condiciones
diferenciales de acceso, especialmente en la educación pública, universal,
laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, para
lograr que sea una etapa de vida plena y satisfactoria, que les permita
construirse a sí mismos como personas
autónomas, responsables y solidarias, capaces de enfrentar creativamente
los retos del siglo XXI;
10.
Promover e invertir
en políticas de trabajo y empleo y programas especiales de formación para la
juventud que potencien la capacidad e iniciativa colectivas y personales y
posibiliten la conciliación entre los
estudios y la actividad laboral, sin precarización del trabajo y garantizando
igualdad de oportunidades y trato,
11.
Asegurar la efectiva implementación de programas de
educación integral para la sexualidad, reconociendo
la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad,
con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos;
12.
Implementar programas de salud sexual y salud
reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes,
que incluyan servicios de salud sexual y
salud reproductiva amigables, con
perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural, y
que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y
eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que
adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos,
tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los
embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y
responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su
orientación sexual;
13.
Poner en práctica o
fortalecer políticas y programas para evitar la deserción escolar de las
adolescentes embarazadas y las madres jóvenes;
14.
Dar prioridad a
prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro,
mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y
confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad,
incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones
femeninos y masculinos;
15.
Diseñar estrategias
intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo
subsiguiente en la adolescencia, incluida la atención prenatal, del parto y
posparto, el acceso a métodos anticonceptivos, a las acciones de protección y
asistencia y a la justicia;
16.
Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las
oportunidades y capacidades para una sana convivencia y una vida libre de violencia,
mediante estrategias intersectoriales que incluyan actuar sobre los
determinantes que dificultan la convivencia y promueven la violencia, que
brinden una formación que promueva la tolerancia y el aprecio por las
diferencias, el respeto mutuo y de los derechos humanos, la resolución de
conflictos y la paz desde la primera
infancia, y aseguren la protección y el acceso oportuno a la justicia de
las víctimas y la reparación del daño;
17.
Garantizar también
datos estadísticos confiables, desagregados por sexo, edad, condición
migratoria, raza y etnia, variables culturales y ubicación geográfica en
materia de educación, salud, en particular salud sexual y salud reproductiva,
empleo y participación de adolescentes y jóvenes.
C.
ENVEJECIMIENTO, PROTECCIÓN SOCIAL Y DESAFÍOS SOCIOECONÓMICOS
Considerando que las personas mayores son sujetos de derechos, que han contribuido y
continúan desempeñando un papel activo en las diversas áreas del desarrollo, y
que los países deben reconocerlos como actores clave en la elaboración de las
políticas públicas,
10
Considerando también que las personas mayores, en razón de su edad y su
condición de vulnerabilidad, continúan siendo discriminadas y son víctimas de
abusos y maltratos, lo que por ende afecta el goce y ejercicio de sus derechos,
Preocupados por que la violencia que sufren las personas mayores, tanto en la esfera
pública como en la privada, afectan sus derechos humanos,
Profundamente convencidos de la importancia que tiene la planificación del
desarrollo de mediano y largo plazo para anticipar las importantes
transformaciones económicas y sociales que se generarán a partir de los cambios
demográficos que experimenta la región, en particular con respecto a la
estructura etaria de la población,
Considerando que la mayoría de los países transita actualmente por el período del bono
demográfico, en que el incremento relativo de las personas en edad de trabajar
constituye una oportunidad para incentivar el crecimiento y el desarrollo y
para avanzar o consolidar reformas en materia de protección social,
Teniendo
en cuenta que el cambio en
la estructura por edad de la población impactará los estilos de vida, las
relaciones humanas, las pautas de consumo, la inversión, el ahorro y las
demandas sectoriales, en parte por efecto del aumento significativo de la
proporción de personas mayores en las próximas décadas,
Considerando
que el perfil
epidemiológico de América Latina y el Caribe se caracteriza por la superposición
de etapas, en que las enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas
asumen cada vez más importancia a medida que disminuye la fecundidad y aumenta
la población adulta mayor, pero que todavía persisten niveles sustanciales de
enfermedades transmisibles, a las que se agregan las causas externas de
discapacidad y muerte,
Considerando
también que
simultáneamente con el aumento de la población de personas mayores se prevé un incremento significativo de la
demanda de cuidados por razones de salud y que se ha producido un desfase entre
esta demanda y los marcos institucionales disponibles para atenderla, de manera
que los Estados están transfiriendo esta responsabilidad a los hogares y
provocando situaciones de mayor vulnerabilidad y sobrecarga en las labores
asumidas tradicionalmente por las mujeres,
Teniendo en cuenta que la feminización del envejecimiento requiere el desarrollo de políticas
específicas para atender las necesidades particulares de las mujeres mayores,
Reafirmando la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América
Latina y el Caribe, aprobada en 2012,
Reafirmando también que la voluntad política y la determinación de los países de América Latina
y el Caribe de garantizar en cada decisión el ejercicio pleno de los derechos
humanos se realiza sobre la premisa de dotar a las personas para que sean ellas mismas las
protagonistas del cambio, por lo que se debe facultar a las personas mayores,
eliminando los obstáculos que atentan contra la igualdad entre hombres y
mujeres, de modo tal que cada persona
tenga la capacidad de ejercer el pleno poder de tomar sus propias decisiones,
Reconociendo que el empoderamiento de las personas mayores es una dimensión clave para
el pleno respeto de sus derechos humanos y su plena participación en un modelo
de desarrollo que para ser sostenible debe ser inclusivo,
11
Considerando el aporte significativo que pueden hacer las personas mayores a la sociedad
en términos de su sabiduría acumulada, de su saber vivir y de su capacidad afectiva,
Acuerdan:
18.
Formular políticas
con perspectiva de género que aseguren un envejecimiento de calidad, tanto para
las personas que viven en las ciudades como en el campo y la selva,
19.
Formular y ejecutar
políticas, planes, y programas públicos —a todos los niveles político-
administrativos— para que consideren la evolución de la estructura por edades,
en particular el envejecimiento de la población, y las oportunidades y desafíos
asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo;
20.
Desarrollar políticas
a todo nivel (nacional, federal y local) tendientes a garantizar la calidad de
vida, el desarrollo de las potencialidades y la participación plena de las
personas mayores, atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales,
afectivos y físicos) y contemplando la diferente situación de hombres y
mujeres, con especial énfasis a los grupos más susceptibles de discriminación
(personas mayores con discapacidad, carentes de recursos económicos y/o
cobertura previsional y personas mayores que viven solas y/o no cuentan con
redes de contención);
21.
Asegurar la
incorporación y participación equitativa de las personas mayores en el diseño y
aplicación de políticas, planes y programas que les conciernen;
22.
Erradicar las
múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores,
incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores,
teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un
envejecimiento con dignidad y derechos;
23.
Establecer o
consolidar programas de derechos humanos que enfrenten y eliminen las
violencias en la esfera pública y privada, que afectan a las personas mayores;
24.
Otorgar la más alta
prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y
atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la
capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de
emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios;
25.
Formular políticas
destinadas a aprovechar la oportunidad única que ofrece el bono demográfico,
que incluyan de manera articulada la inversión en educación y salud y la
generación de empleo decente sobre la base de la solidaridad intergeneracional;
26.
Adecuar las
políticas de salud a los desafíos del variado y cambiante perfil epidemiológico
resultante del envejecimiento y la transición epidemiológica, reforzando la
lucha para erradicar las enfermedades transmisibles e implementando acciones de
prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas tradicionalmente
denominadas no transmisibles, pero que hoy sabemos, tienen una fuerte impronta
de las influencias de las condiciones de vulnerabilidad social y económica en
los primeros años de la vida de las personas. Estas políticas deben tener en
cuenta especificidades de género, edad, regiones, grupos étnicos y
socioeconómicos;
27.
Incorporar a las
personas mayores como foco prioritario de las políticas públicas y como actores
fundamentales en la formulación e implementación de las políticas orientadas al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores;
12
28.
Fomentar políticas
de vida activa, productiva y de ahorro que permita a largo plazo vivir el
envejecimiento dignamente;
29.
Favorecer el
desarrollo y acceso a cuidados paliativos, para asegurar una muerte digna y sin
dolor;
30.
Promover el
desarrollo de prestaciones y servicios en seguridad social, salud y educación
en los sistemas de protección social destinados a las personas mayores que
avancen en calidad de vida, seguridad económica y justicia social;
31.
Incluir el cuidado
en los sistemas de protección social, mediante prestaciones, servicios
sociosanitarios y beneficios económicos que maximicen la autonomía, en
particular de las personas mayores, y garanticen los derechos, la dignidad y el bienestar de las familias y las personas mayores, incluyendo el
derecho a una muerte digna y bien atendida, sin ningún tipo de discriminación
ni violencia;
32.
Ampliar los
sistemas de protección y seguridad social, con perspectiva de género,
incorporando a las mujeres que han dedicado sus vidas al trabajo productivo,
trabajadoras domésticas, mujeres rurales y trabajadoras informales.
D. ACCESO UNIVERSAL A LOS
SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
Considerando
que los derechos sexuales y los derechos reproductivos
son parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el
goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales
de desarrollo y de eliminación de la pobreza,
Teniendo en cuenta que el avance hacia el logro de la meta de acceso universal a la salud
sexual y la salud reproductiva ha sido insuficiente y desigual y que la
educación y la calidad de la atención en salud representan factores
fundamentales para alcanzar el objetivo final de mejorar la salud sexual y la
salud reproductiva,
Reafirmando que la mortalidad materna es una afrenta a los derechos
humanos y reconociendo que las muertes maternas en su abrumadora mayoría son
prevenibles,
Preocupados por las elevadas tasas de muertes maternas, en gran medida debidas a la
dificultad para acceder a servicios adecuados de salud sexual y salud
reproductiva y a la realización de abortos inseguros, y conociendo que algunas
experiencias en la región muestran que la penalización del aborto provoca el
incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de
abortos, todo lo cual aleja a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio,
Reconociendo que, a pesar de los avances en la cobertura del
tratamiento antirretroviral y en la disminución de la transmisión vertical del
VIH, continúan vigentes desafíos en materia de conocimiento y prevención del
VIH/SIDA, detección voluntaria oportuna, atención de las personas con VIH/SIDA
y eliminación del estigma y la discriminación, que siguen siendo generalizados,
en especial respecto de personas LGBT, las trabajadoras del sexo, las mujeres
que viven con VIH/SIDA, las personas que usan drogas y otros grupos clave,
13
Considerando que las brechas en salud continúan sobresalientes en la región y que las
estadísticas promedio suelen ocultar los altos niveles de mortalidad materna,
de infecciones de transmisión sexual, de infección por VIH/SIDA y de demanda
insatisfecha de anticoncepción entre la población que vive en la pobreza y en
áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes y
grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y
personas con discapacidad,
Acuerdan:
33.
Promover, proteger
y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para
contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una
sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;
34.
Promover políticas
que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que
abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como
el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables
sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de
género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho
a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud
reproductiva;
35.
Revisar la
legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de
salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios
integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso
a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles
para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se
cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de
protección a los derechos humanos y libertades fundamentales;
36.
Desarrollar
políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la
orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos
sexuales y su manifestación;
37.
Garantizar el
acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad,
tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres,
adolescentes y jóvenes, personas LGTB, personas mayores y personas con
discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de
vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la
participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos;
38.
Promover la
prevención y la detección oportuna y garantizar el acceso universal al
tratamiento integral del VIH/SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, y
eliminar el estigma y la discriminación de que suelen ser víctimas las personas
que viven con el virus;
39.
Fortalecer las
medida de detección del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en
mujeres embarazadas, y de prevención de la transmisión vertical del virus;
40.
Eliminar las
causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto
de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud
reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la
educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos
anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral
frente al embarazo no deseado y no aceptado y, asimismo, la atención integral
después del aborto, cuando se requiera, sobre la base de la estrategia de
reducción de riesgo y daños;
41.
Promover programas
de prevención y de autocuidado en salud sexual y salud reproductiva de los
hombres;
42.
Asegurar, en los
casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación
nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las
mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los Estados
a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y
políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para
salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad
de vida y disminuyendo el número de abortos;
43.
Asegurar el acceso
efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso
reproductivo, específicamente a atención obstétrica humanizada, calificada,
institucional y de calidad, y a servicios óptimos de salud de la mujer durante
el embarazo, parto y puerperio, así como a servicios que integren la
interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley y garantizar el
acceso universal a técnicas de fertilización asistida;
44.
Garantizar el
acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados
en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción
oral de emergencia;
45.
Formular planes
para fortalecer los mecanismos de detección de alteraciones del embarazo,
incluida la preconcepción, elevar la calidad de atención prenatal con enfoque
intercultural, garantizar la provisión de sangre segura para la atención del
embarazo, parto y puerperio, y mejorar la atención humanizada del parto y el
nacimiento y los cuidados perinatales integrales, teniendo en cuenta las
necesidades de las mujeres, los niños, las niñas y las familias;
46.
Garantizar una
dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para
brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todos
y todas, incluidos los hombres, las mujeres, los y las adolescentes, los
adultos mayores y las personas con discapacidad, sin discriminación alguna.
E. IGUALDAD DE GÉNERO
Ratificando
el Consenso de Quito de 2007 y el de Brasilia de 2010 y
la plena vigencia de sus compromisos, en particular aquellos vinculados con la
promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, la erradicación
de la discriminación de género y la discriminación múltiple, la eliminación de
la violencia y el fortalecimiento de las estructuras del Estado para promover
el adelanto de las mujeres y la igualdad de género,
Reafirmando el compromiso de ratificación e implementación del Convenio 100, 102, 111,
156 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo,
Reiterando que la protección de los derechos de las mujeres y su autonomía, la
promoción del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y derechos
reproductivos, la igualdad de género y la eliminación de las múltiples formas
de discriminación y violencia, entre ellas la basada en el género, constituyen
un compromiso fundamental de los gobiernos para avanzar hacia el desarrollo con
igualdad,
Reconociendo que, en la región, la división sexual del trabajo, la pobreza en todas sus
manifestaciones y el acceso desigual a los recursos continúan siendo un
obstáculo para la promoción y protección de todos los derechos humanos de las
mujeres y que la eliminación de las desigualdades
15
políticas, económicas, sociales
y culturales debe figurar entre los principales objetivos del desarrollo
sostenible,
Teniendo en cuenta que la violencia contra las niñas, las mujeres, las
personas LGBT y la violencia sexual en particular constituye un indicador
crítico de marginación, desigualdad, exclusión y discriminación de género
contra las mujeres, que tiene implicaciones en la autonomía, la
autodeterminación, la salud individual y colectiva y el ejercicio de los
derechos humanos,
Considerando que la discriminación y la violencia basada en la
orientación sexual y la identidad de género sitúa a las personas LGBT en una
posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y al pleno
ejercicio de la ciudadanía,
Conscientes de la persistente desigualdad de género en la distribución del trabajo
doméstico no remunerado y de cuidado, del escaso reconocimiento y valoración
social del rol de las mujeres en estas tareas y de que la dinámica demográfica
tendrá efectos sobre las necesidades de cuidado,
Teniendo en cuenta que la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del
poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de
representación social y política y en las relaciones familiares, sociales,
económicas, políticas y culturales, y que se observa todavía en la región una
subrepresentación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones,
Acuerdan:
47.
Cumplir con el
compromiso de fortalecer los mecanismos institucionales para la construcción de
políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la autonomía de las mujeres
y la igualdad de género, dotándolos de autonomía y recursos humanos y
financieros que les permitan incidir en forma transversal en la estructura del
Estado, reconociendo el papel estratégico que desempeñan y elevándolos al más
alto nivel;
48.
Cumplir con el
compromiso de incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria
de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los
ámbitos del poder público y en las tomas de decisiones de alto nivel;
49.
Tomar medidas para
promover y fortalecer la elaboración, implementación y rendición de cuentas de
presupuestos sensibles al género, para lograr la igualdad de acceso a los
gastos del sector público, la inclusión de principios de igualdad de género en
las distintas etapas de planificación, la presupuestación y la satisfacción de
necesidades sociales específicas de mujeres y hombres;
50.
Cumplir con el
compromiso de promover y asegurar la aplicación de la perspectiva de género y
su intersección con la raza, la etnia, la edad, la clase social y la condición
de discapacidad en todas las políticas públicas, especialmente aquellas de
orden económico y cultural, y la articulación entre los poderes del Estado y
los actores sociales, organizaciones de mujeres afrodescendientes, indígenas y
jóvenes para garantizar la igualdad de género;
51.
Promover la paridad
y otros mecanismos que garanticen el acceso al poder en los sistemas
electorales, como una condición determinante de la democracia y una meta para
erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta
sobre todo a aquellas en condición de vulnerabilidad, a través de la
capacitación a mujeres líderes;
52.
Adoptar medidas
legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el
acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de
decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como
local, así como en los partidos y movimientos políticos;
53.
Desarrollar y
fortalecer las políticas y servicios universales de cuidado que estén basados
en los estándares más altos de los derechos humanos, con perspectiva de
igualdad de género y generacional, que promuevan la prestación compartida entre
el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias y los hogares,
así como entre hombres y mujeres, y que faciliten el diálogo y la coordinación
entre todas las partes involucradas;
54.
Impulsar leyes y
desarrollar y fortalecer políticas públicas de igualdad laboral que eliminen la
discriminación y las asimetrías de género en materia de acceso a empleos
decentes y permanencia en ellos, remuneraciones y toma de decisiones en el
ámbito laboral, y que reconozcan el valor productivo del trabajo doméstico no
remunerado y de cuidado;
55.
Fortalecer la
participación de mujeres en los puestos de toma de decisión y alto nivel de las
empresas y la capacitación para hombres y mujeres en horarios compatibles con
su vida familiar, y fomentar los liderazgos de mujeres empresarias;
56.
Establecer
mecanismos de prevención, presentación de quejas y sanción de las prácticas de
hostigamiento y acoso sexual y laboral, así como otras formas de asedio y
violencia contra las mujeres y los hombres, especialmente en el espacio laboral
y educativo;
57.
Hacer efectivas las
políticas adoptadas y adoptar medidas preventivas, penales, de protección y
atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia y
estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y
privados, en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos
de género, asegurando el acceso efectivo y universal a los servicios
fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia basada
en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor
riesgo, como las mujeres mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos
culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, mujeres que viven con VIH/SIDA,
lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes,
de las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre
otras;
58.
Reafirmar el
compromiso y la voluntad política de América Latina y el Caribe, al más alto
nivel, de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia
contra las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el
femicidio/feminicidio y promover activamente la sensibilización sobre la
implementación de la perspectiva de género entre los aplicadores de justicia;
59.
Incrementar el
acceso de los hombres, incluidos niños, adolescentes y jóvenes, a la
información, la consejería y los servicios de salud sexual y salud reproductiva
y promover la participación igualitaria de los hombres en el trabajo de
cuidados, a través de programas que sensibilicen a los hombres respecto a la
igualdad de género, fomentando la construcción de nuevas masculinidades;
60.
Desarrollar y
fortalecer planes y programas dirigidos a reducir las disparidades en la
representación y el desempeño de niños y jóvenes en el sistema educativo, con
especial referencia al Caribe de habla inglesa;
61.
Garantizar la
corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias,
las mujeres y los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado,
integrando el cuidado en los sistemas de protección social, mediante
prestaciones, servicios y beneficios que maximicen la autonomía y garanticen
los derechos, la dignidad, el bienestar y el disfrute del tiempo libre para las
mujeres;
62.
Mejorar los
sistemas de estadística y los indicadores oficiales y registros
administrativos, incorporando la perspectiva de género y avanzando en el
reconocimiento del aporte económico y social de las mujeres en el desarrollo de
las sociedades;
63.
Fortalecer la
capacidad de los países para elaborar y difundir estadísticas de género
necesarias para la formulación de políticas públicas de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres;
64.
Considerar la
medición de la economía del cuidado a través de encuestas especializadas y la
formulación de cuentas satélites del trabajo no remunerado y su incorporación
en el sistema de cuentas nacionales;
65.
Poner en marcha,
con el apoyo de todas las tecnologías disponibles, servicios, programas y
respuestas multisectoriales integrales e integrados, coordinados,
interdisciplinarios, accesibles y sostenibles en todos los niveles, destinados
a las mujeres, que incluyan la atención especializada y confidencial de los
casos de violencia, que cuenten con recursos adecuados y que reúnan instancias
tales como policía, sector justicia, atención en salud integral, incluida la
salud sexual y la salud reproductiva, los servicios médicos y psicológicos y
asesoramiento, así como opciones de formación y generación de ingresos, para
promover la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones;
F. LA
MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS
PERSONAS MIGRANTES
Teniendo
en cuenta que los derechos humanos de las personas migrantes
constituyen una prioridad en todas las
iniciativas en torno a la cooperación sobre migración y que las preocupaciones
acerca de la protección de los migrantes son compartidas por la comunidad
internacional y exigen tener inclusión en todas las agendas de cooperación,
Teniendo en cuenta también que en la región la población migrante alcanza un
significativo número de alrededor de 30 millones de personas en la actualidad y
que las personas migrantes realizan importantes contribuciones a sus países y a
los países de destino,
Preocupados por el impacto de la crisis económica en las condiciones de vida de las
personas migrantes y la creciente complejidad de la migración, tanto en las
travesías, el cruce de fronteras y la inserción de las personas migrantes, así
como durante el tránsito y el retorno a sus países,
Expresando inquietud por la evidente y sistemática violación de los derechos humanos
que sufren las personas migrantes debido al racismo, la xenofobia y la
homofobia, así como por la falta de garantías del debido proceso, y por las
problemáticas específicas que afectan a distintos grupos, en cuanto a
discriminación, abuso, trata de personas, explotación y violencia,
particularmente las mujeres, las niñas, los niños y los y las adolescentes.
Considerando que el pleno ejercicio de las personas migrantes de sus derechos humanos y
el acceso a los servicios públicos básicos, en particular de educación y salud,
incluida la salud sexual y la salud reproductiva, no deben depender de su
condición migratoria,
18
Habida cuenta de que el proceso de desarrollo económico a escala mundial genera
desigualdades y asimetrías que producen, a la vez, la disponibilidad de mano de
obra dispuesta a trabajar por salarios mínimos y en condiciones precarias, y la
demanda de condiciones altamente flexibles para extraer su fuerza productiva
sin respetar sus derechos humanos, en particular, cuando se trata de personas
provenientes de economías menos desarrolladas o en situación de mayor pobreza,
Reconociendo los consensos alcanzados en la Conferencia Regional sobre Migración y en la
Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, así como en la primera reunión de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en materia de
gobernanza de las migraciones internacionales, y en otros foros y espacios
subregionales, que asumen enfoques asociados a la protección de los derechos
humanos de las personas migrantes, el tratamiento integral de los procesos
migratorios y la especial atención de las víctimas de trata,
Reafirmando el compromiso de redoblar los esfuerzos para encarar los desafíos y
oportunidades que plantea la migración para los países de origen, tránsito y
destino, bajo un enfoque de derechos humanos, de promoción del desarrollo y de
responsabilidad compartida,
Considerando que el papel relevante que el trabajo de las personas migrantes tiene en el
crecimiento económico no ha sido suficientemente reconocido y no se ha
refrendado con la expansión del reconocimiento de sus derechos humanos,
incluidos sus derechos laborales y de sus familiares.
66.
Garantizar la plena
inclusión de todos los asuntos de la migración internacional, incluidas las
políticas de regularización migratoria, en las agendas y estrategias mundiales,
regionales y nacionales para el desarrollo post-2015;
67.
Brindar asistencia
y protección a las personas migrantes, independientemente de su condición
migratoria, especialmente a aquellos grupos en condición de vulnerabilidad,
respetando cabalmente sus derechos y de acuerdo con la Convención internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares y las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, destacando la
necesidad de brindarles una atención integral en aquellos países de tránsito y
destino;
68.
Elaborar estrategias
integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de los derechos
humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y
enfrentar los desafíos que plantea la migración, entre ellos, aquellos
derivados de las remesas y de la migración calificada en sectores de alta
demanda, así como la participación diferenciada de hombres y mujeres y la
transnacionalización del cuidado;
69.
Promover la
suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que
permitan acumular años de trabajo a los trabajadores migrantes;
70.
Incorporar
principios de coherencia y reciprocidad en la atención de las diversas
situaciones que enfrentan los emigrantes de los países de la región, abarcando
a todas las etapas del proceso migratorio, tanto los que acontecen en la escala
intrarregional como fuera de la región;
71.
Alcanzar resultados
concretos a través del diálogo y la cooperación internacional sobre migración,
derechos humanos y desarrollo, en los espacios existentes dentro de la región y
en los que se vinculan con otras regiones del mundo, en particular Norteamérica
y la Unión Europea, desde una perspectiva que reduzca las asimetrías existentes
en este ámbito y que afirme los intereses de los países latinoamericanos y
caribeños;
72.
Proteger
decididamente los derechos humanos, evitando toda forma de criminalización de
la migración, garantizando el acceso a servicios sociales básicos, de educación
y de salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva cuando
corresponda, para todas las personas migrantes, independientemente de su
condición migratoria, prestando particular atención a los grupos en condición
de mayor vulnerabilidad, entre ellos, los menores no acompañados, las personas
que se desplazan en situación irregular, las mujeres víctimas de la violencia,
las víctimas de trata, las repatriadas y las que se desplazan forzadamente
buscando refugio;
73.
Dar prioridad, en
cada país, al fortalecimiento de los canales de coordinación intersectorial y,
entre los países, al reforzamiento de los mecanismos de cooperación
intergubernamental, para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de
todas las personas migrantes, independiente de su condición migratoria, con una
perspectiva basada de género;
74.
Fortalecer la
cooperación entre países de origen, tránsito y destino para enfrentar las
causas y los desafíos de la migración que acontece de manera irregular, de modo
de generar una migración en condiciones humanas, ordenada y segura, mediante
esquemas bilaterales de movilidad de la mano de obra, y salvaguardando la
protección de los derechos humanos de los migrantes;
75.
Promover que el
Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo,
a celebrarse en Nueva York, el 3 y 4 de octubre de 2013, tenga como resultado
la adopción de un documento consensuado de conclusiones y, en tal sentido,
someter a las deliberaciones la oportunidad de impulsar los contenidos y
directrices de una convención internacional sobre migraciones.
Habida
cuenta de la importancia del acuerdo 2 del
Comité Especial de la CEPAL sobre
Población y Desarrollo en
materia de población, territorio y desarrollo sostenible, aprobado en Quito en
2012, en particular el llamado a los Estados a considerar el territorio como
elemento clave en el desarrollo sostenible y la convivencia humana y a reducir
las desigualdades territoriales, dado que estas agravan las inequidades
económicas, sociales y ambientales, tanto a escala subnacional como entre los
países,
Teniendo presente que en el mencionado acuerdo 2 del Comité Especial de la CEPAL sobre Población
y Desarrollo se instó a avanzar en la consolidación de sistemas de
planificación que coadyuven a la construcción de sociedades equitativas y sin
exclusión social mediante el desarrollo de políticas públicas dirigidas a
reducir las brechas existentes en la calidad de vida y en el ejercicio de
derechos de todas las personas, con énfasis en las condiciones de vida de los
seres humanos y su relación con el territorio que ocupan,
Teniendo en cuenta los desafíos particulares que encaran los países de la región por las
condiciones de pobreza, los procesos estructurales como la globalización, la
especialización en la producción extractiva y el cambio climático y las
relaciones de tales procesos con la movilidad de la población, su distribución
espacial, su asentamiento, la vulnerabilidad de la población pobre,
Tomando en consideración las características propias de la distribución espacial
de la población en la región, como la alta urbanización, con sus oportunidades
y riesgos, la persistencia del éxodo rural, la tendencia a la concentración de
la población y a actividades en pocos centros
20
dinámicos, la limitación de
opciones para el desarrollo de áreas rurales y centros poblados pequeños y la
segregación y vulnerabilidad que enfrenta la población pobre en virtud de su
localización espacial,
Valorando los avances realizados y la experiencia lograda por la región en los
procesos de descentralización, planificación del desarrollo y ordenamiento del
territorio en los ámbitos nacionales y desagregados y, especialmente, las
experiencias exitosas derivadas de la incorporación de las características y
tendencias de la población en dichos ejercicios de planificación y
ordenamiento,
Preocupados por el elevado costo en vidas humanas, infraestructura, personas afectadas
y pérdidas económicas que ha sufrido la región en los últimos años producto de
desastres naturales y socioambientales, que colocan a los asentamientos humanos
de las poblaciones más pobres en situación de mayor vulnerabilidad,
Acuerdan:
76.
Construir territorios
más articulados, integrados y cohesionados, mediante el diseño y ejecución de
planes, políticas e instrumentos de gestión territorial y urbana gestados de
manera participativa, con una visión centrada en las personas, dentro del marco
de los derechos humanos y con perspectiva de género y un enfoque de
sostenibilidad y gestión del riesgo ambiental;
77.
Promover el
desarrollo y el bienestar de las personas de todos los territorios, sin ningún
tipo de discriminación, incluido el pleno acceso a servicios sociales básicos,
y la igualación de las oportunidades dentro de las ciudades, entre zonas
urbanas y rurales, entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes y entre
población dispersa y la que habita en pequeños asentamientos rurales;
78.
Ampliar y
perfeccionar los procesos de descentralización, desconcentración y
planificación participativa en los ámbitos subnacionales y locales,
favoreciendo la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios
básicos, educación y salud, incluida la salud sexual y la salud reproductiva y
la prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres;
79.
Desarrollar
programas que favorezcan la convivencia, la educación permanente, el ocio
creativo, la salud mental y la seguridad ciudadana de la población en sus
territorios para prevenir los actuales problemas sociales asociados entre
otros, a la pobreza, la exclusión social, el consumo abusivo y el tráfico de
drogas y la violencia de género;
80.
Formular
estrategias de desarrollo del sistema de ciudades, que incluyan el ordenamiento
territorial y la sostenibilidad ambiental, favoreciendo una transición
energética y procesos de producción y consumo sostenibles, teniendo en
consideración externalidades sociales y ambientales, en el marco de los
derechos humanos, con el fin de promover un desarrollo urbano sostenible e
inclusivo y fortalecer todos los segmentos de este sistema, incluidas las
ciudades intermedias y pequeñas;
81.
Planificar y
ordenar el desarrollo territorial y urbano, con perspectiva de derechos humanos
y de género, formulando políticas de movilidad, asentamiento de la población y
localización de actividades que consideren entre sus objetivos evitar el uso de
zonas vulnerables y protegidas, y prevenir y mitigar el impacto de los
desastres socioambientales y combatir la vulnerabilidad ambiental de las
personas y comunidades de grupos étnicos y raciales discriminados, así como la
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;
82.
Formular e
implementar estrategias y políticas que den respuestas integrales a situaciones
de vulnerabilidad a desastres naturales, con un enfoque multidimensional de
protección antes, durante y después de los eventos;
83.
Promover el
aprovechamiento inclusivo de los recursos naturales, evitando los daños
sociales y ambientales que su explotación pueda causar;
84.
Promover la
utilización del análisis sociodemográfico georreferenciado, desagregado por
sexo, raza y etnia, para mejorar la planificación territorial y la gestión del
riesgo ambiental;
H.
PUEBLOS INDÍGENAS: INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS
Considerando que la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
reconoce y reafirma que los indígenas tienen, sin discriminación, todos los
derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que poseen derechos
colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral
como pueblos,
Reafirmando el aporte al desarrollo y a la conservación del planeta que hacen los
pueblos indígenas en la región y que todos los pueblos contribuyen a la diversidad
y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio de la
humanidad,
Preocupados por la aguda desigualdad que afecta a los pueblos y personas indígenas,
derivada de las injusticias históricas y la discriminación estructural, lo cual
se expresa en mayores niveles de pobreza material, exclusión y marginalidad;
así como en una menor participación en la toma de decisiones en las estructuras
de poder y en los órganos de representación popular, lo que conlleva una
vulneración de sus derechos humanos,
Conscientes de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos territoriales
de los pueblos indígenas, como un requisito necesario para el desarrollo de su
identidad y autonomía como pueblos, y de los desafíos que ello implica en un
contexto de globalización, sobre todo frente al incremento de la explotación de
los recursos naturales y la presión sobre los territorios de los pueblos
indígenas, incluidos los pueblos en aislamiento voluntario,
Preocupados por los altos niveles de morbilidad y mortalidad materna e infantil que
aún prevalecen entre los pueblos indígenas, particularmente entre las mujeres,
niñas y adolescentes que residen en zonas rurales,
Reconociendo la necesidad de proteger y respetar los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, así como la necesidad de una mayor protección para su desarrollo,
por las formas de violencia a las que se somete a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, mujeres indígenas y personas mayores indígenas,
Destacando la importancia de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, denominada Conferencia Mundial sobre los
Pueblos Indígenas, a celebrarse el 22 y 23 de septiembre de 2014, en
cumplimiento de la resolución 65/198 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 21 de diciembre de 2010,
Acuerdan:
85.
Respetar y aplicar
las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, exhortando a los
países que aún no lo han hecho a firmarlo y ratificarlo, adaptando los marcos
jurídicos y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la
plena participación de estos pueblos, incluidas las personas indígenas que
viven en ciudades;
86.
Considerar las
dinámicas demográficas particulares de los pueblos indígenas en el diseño de
las políticas públicas, poniendo especial atención a los pueblos indígenas
amenazados de desaparición, los no contactados o en situación de aislamiento
voluntario o de contacto inicial, respetando el derecho a la libre
determinación;
87.
Garantizar el
derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y
derechos reproductivos, así como el derecho a sus propias medicinas
tradicionales y sus prácticas de salud, sobre todo en lo que se refiere a la
reducción de la mortalidad materna e infantil, considerando sus especificidades
socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales que dificultan
el ejercicio de este derecho;
88.
Respetar y
garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluidos a los
pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, prestando particular
atención a los desafíos que plantean las industrias extractivas y otras grandes
inversiones a escala global, la movilidad y los desplazamientos forzados, y
desarrollar políticas que garanticen la consulta previa, libre e informada en
los asuntos que les afecten, de conformidad con lo establecido en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
89.
Adoptar las medidas
necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para garantizar que mujeres,
niños, niñas y adolescentes y jóvenes indígenas gocen de protección y garantías
plenas contra todas las formas de violencia y discriminación, y tomar medidas
para asegurar la restitución de derechos;
90.
Garantizar el
derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, asegurando
que las estadísticas nacionales respeten el principio de autoidentificación,
así como la generación de conocimiento e información confiable y oportuna sobre
los pueblos indígenas, a través de procesos participativos, atendiendo a sus
requerimientos y a las recomendaciones internacionales relativas a estos
asuntos;
91.
Participar
activamente y al más alto nivel posible, previendo la participación de los
pueblos indígenas en las delegaciones nacionales en la reunión plenaria de alto
nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada Conferencia Mundial
sobre los Pueblos Indígenas, a realizarse en septiembre de 2014, así como en
otras instancias internacionales pertinentes.
I.
AFRODESCENDIENTES: DERECHOS Y
COMBATE AL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Reafirmando
que la Declaración y el Programa de Acción de Durban de
la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia
constituyen el marco integral de derechos humanos para el bienestar y
desarrollo de las personas afrodescendientes y una base sólida para combatir el
racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,
Convencidos de que el racismo y la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico, y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples o
agravadas de discriminación por otros motivos conexos como la identidad de
género, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas
o de otra índole, el origen social, la situación económica, el nacimiento u
otra condición,
Destacando el aporte que hacen las poblaciones afrodescendientes al desarrollo y al
bienestar de la humanidad en general y que la diversidad cultural debe
valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y adoptarse como
característica permanente que enriquece las sociedades,
Profundamente preocupados por la situación de desventaja de las personas y
comunidades afrodescendientes en las áreas de educación, empleo, salud,
vivienda, mortalidad infantil y esperanza de vida, en particular cuando la
desigualdad es resultado del racismo y la discriminación racial, la xenofobia y
las formas conexas de intolerancia,
Acuerdan:
92.
Respetar y aplicar
las disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobados
por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, adaptando los marcos jurídicos
y formulando las políticas necesarias para su implementación, con la plena
participación de las personas afrodescendientes;
93.
Abordar las
desigualdades de género, raza, etnia y generacionales, teniendo en cuenta las
intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de discriminación que
sufren las mujeres y especialmente, las jóvenes afrodescendientes;
94.
Considerar las
dinámicas demográficas y socioculturales particulares de las poblaciones
afrodescendientes en el diseño y la aplicación de las políticas públicas,
garantizando su plena participación, y el desarrollo de estadísticas
desagregadas ;
95.
Garantizar el
ejercicio del derecho a la salud de las personas afrodescendientes, en
particular la salud sexual y la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y
mujeres afrodescendientes, tomando en cuenta sus especificidades
socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales, como el
racismo, que dificultan el ejercicio de sus derechos;
96.
Promover el
desarrollo de las poblaciones afrodescendientes, a través de la implementación
de políticas públicas, la elaboración de normas y la creación de una
institucionalidad rectora que lleve adelante sectorialmente políticas, planes y
programas de acción afirmativa que integren los principios de igualdad y no
discriminación en todos los niveles de gobierno, con la participación de la
sociedad civil organizada en todo el proceso de diseño, implementación y
evaluación de dichos instrumentos;
97.
Garantizar las
políticas y programas para la elevación de las condiciones de vida de las
mujeres afrodescendientes asegurando plenamente sus derechos, en particular los
derechos sexuales y los derechos reproductivos;
98.
Generar
conocimiento e información confiable y oportuna con perspectiva de género y
desagregado por sexo, edad y condición socioeconómica, entre otras variables,
sobre las poblaciones afrodescendientes, a través de procesos participativos,
atendiendo los requerimientos y las recomendaciones internacionales relativas
al asunto.
24
Reafirmando el papel estratégico que la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe está llamada a desempeñar en la
revisión del Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y en la revisión de
las prioridades para su implementación,
Subrayando la necesidad de contar con instrumentos operativos, sistemas de seguimiento
y recursos para la acción en materia de población y desarrollo en la región,
que den cuenta de los desafíos emergentes en este ámbito,
Acuerdan:
99.
Reiterar el llamado
a establecer o fortalecer un mecanismo de coordinación nacional que incluya a
las organizaciones de la sociedad civil para facilitar la implementación y el
seguimiento del Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y actuar como vínculo
permanente ante esta Conferencia Regional;
100.
Aprobar una agenda
regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe, sobre la
base y el seguimiento del Programa de Acción de El Cairo y de las medidas clave
para seguir ejecutándolo más allá de 2014;
101.
Generar mecanismos
regionales y nacionales para el monitoreo y la rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de esta agenda regional en población y desarrollo para América
Latina y el Caribe después de 2014;
102.
Mejorar las fuentes
de datos, en particular los censos de población, los registros administrativos,
las estadísticas vitales y las encuestas especializadas, promoviendo la plena
independencia de los sistemas nacionales de estadística y garantizando a través
de marcos jurídicos e institucionales la aplicación de los principios
fundamentales de las estadísticas oficiales por parte de los usuarios y
productores, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como la
homologación metodológica que permita la comparabilidad entre países;
103.
Asegurar los
recursos financieros y humanos suficientes para desarrollar sistemas integrados
de información confiables, oportunos y de calidad, con perspectiva de género y
desagregados territorialmente y por sexo, edad, raza, pertenencia étnica y
condición socioeconómica, para la toma de decisiones y la formulación, el
seguimiento y la evaluación de políticas y programas de desarrollo;
104.
Fomentar la
coordinación entre las oficinas nacionales de estadística y las entidades
competentes en el ámbito de las estadísticas, para la producción y el
mejoramiento de estas, así como el aprovechamiento estadístico de los registros
administrativos provenientes del sector;
105.
Asegurar los
recursos financieros suficientes y la movilización de recursos para América
Latina y el Caribe de la cooperación internacional, con el fin de acelerar la
implementación del Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y las medidas
aquí acordadas, e instrumentar a la par mecanismos claros y efectivos de
transparencia y rendición de cuentas;
106.
Diseñar y poner en
marcha estrategias de formación y capacitación de recursos humanos en población
y desarrollo, que cubran los diferentes temas, niveles territoriales y
modalidades de cursos, utilizando los establecimientos académicos de la región
y los adelantos tecnológicos
25
disponibles; con el apoyo del
Fondo de Población de las Naciones Unidas y los organismos del sistema de las
Naciones Unidas;
107.
Garantizar la
efectiva participación de la sociedad civil y los movimientos sociales en la
implementación, el monitoreo y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo
después de 2014, incorporando las medidas aquí acordadas;
108.
Elevar en la
próxima reunión de la Conferencia Estadística de las Américas una propuesta de
armonización de los indicadores de salud, en particular de salud sexual y salud
reproductiva para la región, incluidos los pequeños Estados insulares en
desarrollo, con objeto de facilitar la comparación y el análisis de las
tendencias regionales.
K. RECOMENDACIONES DE
SEGUIMIENTO
109.
Resuelve que estos acuerdos se eleven como contribución de América
Latina y el Caribe para el informe sobre la revisión del estado de la ejecución
del Programa de Acción de El Cairo que el Secretario General presentará a la
Comisión de Población y Desarrollo en su 47° período de sesiones, a celebrarse
del 7 al 11 de abril de 2014, y para el período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General sobre el seguimiento del Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, a celebrarse el
22 de septiembre de 2014 en Nueva York;
110.
Solicita a la Secretaría que, en el marco de las relaciones
existentes entre la población y el desarrollo, siga dando prioridad a los
siguientes temas con perspectiva de género: determinantes y consecuencias de
las tendencias demográficas, inequidades sociodemográficas, mortalidad en la
niñez y materna, salud sexual y salud reproductiva, jóvenes, envejecimiento y
personas mayores, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes de América
Latina y el Caribe, migración internacional e interna, fuentes de información
sociodemográfica (censos de población y estadísticas vitales) y formación de
recursos humanos en materia de demografía y población y desarrollo;
111.
Solicita a la Secretaría que siga prestando apoyo a los países en
la visibilización estadística de los pueblos indígenas y poblaciones
afrodescendientes de América Latina y el Caribe, buscando el desarrollo de
indicadores específicos e innovadores incluyendo el intercambio de buenas
prácticas y proveyendo oportunidades de capacitación accesible para los
funcionarios nacionales, y que continúe con el seguimiento regional de los
asuntos que atañen a los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes de
América Latina y el Caribe;
112.
Encarga a la Secretaría que preste todo el apoyo necesario para la realización de
las actividades regionales preparatorias de
113.
Encarga también a la Secretaría que facilite su apoyo técnico a las
actividades relacionadas con el proceso preparatorio del Decenio Internacional
para los Afrodescendientes;
114.
Solicita además a la Secretaría, a través del Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía-División de Población de la CEPAL, que siga liderando la
colaboración con los países de América Latina y el Caribe en materia de
migración internacional, en particular en la generación de información y de
conocimiento, la elaboración de normativas y la formulación y evaluación de
políticas sobre la base de un enfoque de derechos humanos,
la celebración de la
Conferencia Mundial sobre los
Pueblos Indígenas, a realizarse
el 22 y 23 de septiembre de 2014;
26
siguiendo los compromisos
establecidos en la resolución 615(XXXI) sobre migración internacional, aprobada
en el trigésimo primer período de sesiones de la Comisión;
115.
Pide a la Secretaría y al Fondo de Población de las Naciones Unidas que
continúen generando información y conocimientos y presten apoyo técnico a los
países para el seguimiento de la implementación de la Carta de San José sobre
los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, así como
otras actividades encaminadas a proteger los derechos humanos de las personas
mayores en el ámbito de las Naciones Unidas;
116.
Alienta a la Secretaría y al Fondo a que, a través de los grupos
interinstitucionales, continúe coordinando esfuerzos con otros organismos
internacionales y multilaterales para la realización de actividades
prioritarias en materia de población y desarrollo en beneficio de los Estados
miembros, y anima a la promoción y expansión de la cooperación Sur-Sur, la
cooperación triangular regional y extrarregional y el intercambio de buenas
prácticas;
117.
Resuelve que la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo de la Secretaría,
celebre una reunión en 2014 en preparación de la segunda reunión de la
Conferencia;
118.
Invita a los Estados a proponer, ante la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe, la creación de grupos de trabajo
sobre los temas aquí acordados, para su aprobación en la segunda reunión, que
se realizará en 2015;
119.
Solicita a los organismos, fondos y programas del sistema de las
Naciones Unidas, entre ellos el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que
incluyan en sus Planes Estratégicos 2014-2017 los ejes del Programa de Acción
de El Cairo aprobados en la primera Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe, y que asignen los fondos de
conformidad con los indicadores de necesidad según se requiera en cada uno de
los temas planteados por esta Conferencia;
120.
Pide a la Secretaría y al Fondo de Población de las Naciones Unidas que se
fortalezca la cooperación técnica y científica, incluidas las cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur y la cooperación triangular, y reitera la importancia de
que se desarrollen los recursos humanos, mediante la capacitación, el
intercambio de experiencias y conocimientos especializados, la transferencia de
conocimientos y la asistencia técnica para la creación de capacidad, lo que
entraña fortalecer las capacidades institucionales, incluida la capacidad de
planificación, gestión, seguimiento y evaluación;
121.
Solicita a la Secretaría de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe que a través de la División de Asuntos de Género, en
coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU-Mujeres,
preste apoyo técnico a los mecanismos estatales y espacios regionales para el
avance de la mujer para la gestión de recursos de cooperación y asistencia
técnica que permitan la implementación y seguimiento del Programa de Acción de
El Cairo y los presentes acuerdos;
122.
Solicita también al Fondo de Población de las Naciones Unidas que
fortalezca su cooperación a los gobiernos de la región en su compromiso de
fortalecer la inversión en juventud y particularmente para incrementar los
esfuerzos de articulación de las acciones relacionadas con el acceso a educación
de calidad, incluyendo la educación integral en sexualidad, la igualdad de
género, el empleo decente para jóvenes y su acceso a los servicios de salud de
calidad, incluida la salud sexual y la salud reproductiva, en colaboración con
otros organismos de cooperación y del sistema de las Naciones Unidas;
27
123.
Solicita además a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y
al Fondo que, en consulta con los gobiernos y en coordinación con las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas pertinentes, faciliten la
cooperación Sur-Sur para continuar avanzando en las metas y objetivos del
Programa de Acción de El Cairo después de 2014;
124.
Agradece al Fondo de Población de las Naciones Unidas el
acompañamiento técnico y el apoyo financiero en el examen operacional de la
ejecución del Programa de Acción de El Cairo, de acuerdo la resolución 65/234
de la Asamblea General, así como por su apoyo a la organización y realización
de la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo
de América Latina y el Caribe, que facilitó la definición de las medidas aquí
acordadas;
125.
Pide a la Secretaría que en la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo informe de las actividades realizadas en las áreas
sustantivas mencionadas en los párrafos anteriores;
126.
Agradece y felicita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y
al Gobierno de la República Oriental del Uruguay por la organización de la
primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de
América Latina y el Caribe y al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE)-División de Población de la CEPAL por la preparación de la
documentación correspondiente, en particular los informes titulados
“Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo en América Latina y el Caribe: examen del período
2009-2013 y lecciones aprendidas. Síntesis y balance” y “Propuesta de agenda
regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe después de
2014”, así como la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas;
127.
Agradece asimismo a la Comisión, por intermedio del Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la
CEPAL, por el apoyo prestado a los países de la región para la aplicación, el
seguimiento y la evaluación del Programa de Acción de El Cairo y por las
actividades realizadas entre julio de 2012 y julio de 2013, descritas en el
documento “Informe de actividades del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL durante el período
2012-2013”3, así como la colaboración del Fondo de Población de las
Naciones Unidas;
128.
Agradece la participación de la sociedad civil y los movimientos
sociales en el seguimiento del Programa de Acción de El Cairo y, en especial,
sus aportes a la primera reunión de la Conferencia Regional;
129.
Agradece al Gobierno de la República Oriental del Uruguay por
acoger la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe y por prestar todo el apoyo necesario
para su realización;
130.
Acoge con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de México para ser anfitrión
en 2015 de la segunda reunión de la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe.
3 LC/L.3643/Rev.1.
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